Un grupo de personas encapuchadas atacó durante la madrugada del domingo la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (Seivara), ubicada en la avenida Garay al 300, en la Ciudad de Buenos Aires. El violento episodio ocurrió en la previa de la movilización convocada por la CGT contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La central obrera repudió el hecho y ratificó la protesta.
El gremio atacado es conducido por Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT. Según denunciaron desde el sindicato, los agresores ingresaron al edificio —que cuenta con ocho pisos— y provocaron destrozos generalizados en oficinas, mobiliario y equipamiento de trabajo. No se registraron robos, lo que refuerza la hipótesis de un ataque con fines intimidatorios.
“Es un intento de amedrentamiento hacia todo el movimiento obrero”, expresó la CGT en un comunicado difundido este lunes. La central señaló además que “este tipo de mensajes de odio y antidemocráticos no hacen más que reforzar la unidad de pensamiento y acción en defensa de los derechos de los trabajadores”.
Desde el Seivara vincularon el ataque con la movilización prevista para este jueves 18, a las 14, en Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral. En el gremio sostienen que se trató de una acción planificada, ya que los agresores destruyeron cámaras de seguridad y documentación, pero no sustrajeron computadoras ni valores.
Jerónimo reclamó una investigación judicial “seria y profunda, hasta las últimas consecuencias”, y manifestó su preocupación por los más de 70 empleados que trabajan en el edificio. “Rompieron todos nuestros elementos de trabajo. Imaginen el miedo que tienen quienes cumplen tareas ahí todos los días”, señaló en declaraciones radiales.
El ataque fue debatido este lunes en la sede de la CGT, donde los dirigentes mantuvieron reuniones con diputados e intendentes bonaerenses en el marco de la organización de la protesta. Allí se reafirmó la decisión de avanzar con la movilización pese al hecho violento.
Desde el Gobierno nacional no hubo pronunciamientos oficiales sobre el ataque al sindicato. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se limitó a ratificar que se aplicará el protocolo antipiquetes durante la marcha del jueves. “El orden público no se negocia”, sostuvo, y aseguró que la protesta sindical no tendrá impacto en el debate parlamentario.
El episodio generó una ola de solidaridad de otros gremios, legisladores y jefes comunales. En paralelo, y en un clima de tensión, este lunes se denunció la presencia de una caja sospechosa en un edificio de AySA en la calle Tucumán, que finalmente fue descartada como una falsa alarma tras la intervención policial.
