En Casa Rosada aseguran contar con los votos para sancionarla, pero buscan volumen político. Santilli inició un tour de gobernadores mientras crece la alarma por la pérdida de recursos coparticipables. La preocupación cruza a dialoguistas y opositores duros.
En medio de negociaciones por una nueva toma de deuda para pagar vencimientos y mientras los incendios forestales avanzan en la Patagonia, el Gobierno puso en marcha un operativo político para blindar la reforma laboral que intentará aprobar en febrero. Aunque en la Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios, el objetivo es hacerlo con volumen político y evitar un trámite ajustado que debilite la iniciativa.
Los gobernadores encendieron luces de alerta. La baja del impuesto a las Ganancias y los beneficios a los grandes empleadores incluidos en el proyecto impactan de lleno en la recaudación y en los fondos coparticipables, en un contexto de fuerte asfixia financiera. La inquietud atraviesa tanto a mandatarios dialoguistas como a los más confrontativos.
Chubut fue la primera parada del road show del ministro del Interior, Diego Santilli, encargado de salir a buscar respaldos provincia por provincia.
El plan oficial: repetir el método Ley Bases
Tras un diciembre de magros resultados —en el que el oficialismo solo logró aprobar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal durante las sesiones extraordinarias— el Gobierno retomó la ofensiva legislativa. El nuevo intento comenzará el 2 de febrero, con sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 1° de marzo.
La estrategia es conocida: toma y daca con los gobernadores. Santilli se mueve con un cuaderno de anotaciones donde recoge demandas provinciales y, luego, el Palacio de Hacienda define qué concesiones está dispuesto a habilitar. El esquema replica el utilizado para destrabar la Ley Bases.
Chubut, entre el fuego y la negociación
El desembarco en Chubut estuvo condicionado por la emergencia ambiental. Los incendios en El Hoyo y Epuyén relegaron la discusión de la reforma laboral, que solo fue abordada “de manera tangencial”, según reconocieron fuentes provinciales.
“Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente para seguir dando apoyo”, dijo Santilli tras recorrer las zonas afectadas. El ministro permaneció unas seis horas en la provincia.
El gobernador Ignacio Torres evitó definiciones cerradas sobre la reforma. Si bien coincidió en la necesidad de “modernizar” la normativa laboral, puso sobre la mesa reclamos sensibles: asistencia por los incendios y el traspaso de las cajas jubilatorias, una deuda millonaria que la Nación mantiene con varias provincias. Torres incluso anticipó una demanda ante la Corte Suprema por fondos retenidos, estimados en 50 mil millones de pesos.
El factor Senado y las fisuras en Diputados
En el Senado, Torres cuenta con dos bancas clave: Andrea Cristina (PRO) y Edith Terenzi, esta última decisiva en el ajustado debate del Presupuesto para sostener el capítulo que profundizó el recorte en educación, ciencia y tecnología.
El gobernador definirá primero su estrategia con las senadoras antes de avanzar con el diputado Jorge “Loma” Ávila, referente sindical petrolero e integrante del interbloque Unidos. Ávila ya anticipó su rechazo:
“Esta ley laboral, tal como está, no le sirve a nadie. Vamos a ir en contra porque hay que defender los intereses de la ciudad y la provincia”.
Gobernadores en alerta por Ganancias
Chubut fue solo el inicio. Santilli prevé reuniones con al menos diez gobernadores, entre ellos los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), y un encuentro en Casa Rosada con Sergio Ziliotto (La Pampa).
El principal foco de tensión es el artículo 191, que recorta cerca de dos billones de pesos de la masa coparticipable del impuesto a las Ganancias empresarias. Las provincias más afectadas serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Desde el entorno del cordobés Martín Llaryora ya anticiparon que ese artículo no será acompañado.
El diputado entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria) cuestionó además la legalidad del trámite legislativo, al advertir que la reforma incluye cambios tributarios pero comenzaría su recorrido en el Senado. En paralelo, solicitó una audiencia con el gobernador Rogelio Frigerio:
“La reforma le quita a Entre Ríos más de $81 mil millones anuales en recursos coparticipables”.
El informe que incomoda al Gobierno
Michel y el senador Jorge Capitanich elaboraron informes técnicos que ya circulan entre legisladores y mandatarios. El documento advierte que solo tres artículos del proyecto implican una pérdida recaudatoria anual de $8,1 billones (unos USD 5.700 millones), producto de beneficios fiscales a grandes empresas, sin garantías de inversión ni generación de empleo.
Qué está dispuesto a ceder el Ejecutivo
En la Casa Rosada esperan concluir la ronda de reuniones antes de definir concesiones. El ala más pragmática admite que podría revisarse el esquema de Ganancias para grandes empresas. También aparece bajo revisión el artículo que endurece aún más las restricciones al derecho de huelga, señalado como un flanco de posible inconstitucionalidad.
Ese punto, admiten incluso dentro del oficialismo, podría convertirse en un error fatal: una reforma laboral sancionada con votos justos y judicializada desde el primer día.
