Persecución y saña contra Milagro Sala: el Gobierno pidió que vuelva a la cárcel
Pese al delicado estado de salud de Milagro Sala, el gobierno de Javier Milei solicitó que la dirigente social deje la prisión domiciliaria y vuelva a cumplir su condena en una cárcel común. El pedido fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), organismo que mantiene medidas de protección sobre la exreferente de la Tupac Amaru desde hace años.
La iniciativa fue confirmada a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, en el que la Subsecretaría de Derechos Humanos cuestiona de manera directa a la Corte IDH por sostener el régimen domiciliario otorgado a Sala por razones médicas. En el texto, el Gobierno exige que la dirigente “termine de cumplir su condena tras las rejas” y la acusa de “fabricar un relato para sostener un privilegio”.
El comunicado, difundido en redes sociales, sostiene que Sala es “un criminal (SIC) que robó a los pobres” y afirma que “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar impunidad”. “Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”, agrega el escrito con un tono inusualmente agresivo.
La subsecretaría está a cargo de Joaquín Mogaburu, exsecretario del Tribunal Oral Federal N°7 —donde tramita la causa de los cuadernos—, quien en reiteradas oportunidades se manifestó a favor de la liberación de represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura.
El planteo fue elevado ante la Corte IDH, que, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, intervino en el caso de Milagro Sala, privada de su libertad desde hace una década y considerada por organismos internacionales como víctima de persecución política.
Un cuadro de salud delicado
Durante su detención, Sala atravesó numerosos episodios de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad, padeció el agravamiento de su estado de salud y convivió con la agonía de su esposo tras un allanamiento policial. Fue internada en varias oportunidades y, en la más reciente, debió ser trasladada al Hospital de Gonnet, en la ciudad de La Plata, con diagnóstico reservado debido a un complejo cuadro clínico.
A pesar de estos antecedentes, el área estatal que debería velar por los derechos humanos impulsó un nuevo reclamo ante el organismo internacional que, mediante distintas resoluciones, ordenó proteger la integridad física y psíquica de la exlegisladora jujeña.
“El objetivo es que su prisión sea efectiva y termine de cumplir su condena tras las rejas”, insiste el texto oficial, que pone en duda tanto el estado de salud de Sala como los diagnósticos médicos en los que se basaron los tribunales para otorgar excepciones al régimen de detención.
El comunicado también cuestiona abiertamente a la Corte IDH y confunde la denominación del organismo al referirse a la CIDH, además de tergiversar el contexto y las condiciones en las que se produjo la detención de la dirigente social.
En otro tramo, la subsecretaría acusa sin pruebas a Sala de “violar las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización judicial”, afirmación que ya fue desmentida en instancias previas.
“En la nueva Argentina del presidente Javier Milei se terminaron los privilegios de la casta que se enriquecen (SIC) a costa de los argentinos de bien”, concluye el escrito, en una retórica que vuelve a tensionar el discurso oficial con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
