Javier Milei firmó este viernes la Ley de Modernización Laboral y desde esta madrugada rige para todos los trabajadores del sector privado de Argentina. No es un retoque. Es una reforma estructural de 218 artículos que modifica las reglas del juego del trabajo argentino de punta a punta: cómo se calcula la indemnización cuando te echan, cómo se organizan las vacaciones, cuánto puede durar tu jornada, qué pasa con los deliverys y los conductores de apps, cómo funciona el sindicato de tu sector, y cuánto le cuesta a una empresa contratarte. Si tenés trabajo en relación de dependencia o si pensás buscar uno, esta ley ya te afecta.
El cambio más grande, el que va a transformar la conversación sobre los despidos en Argentina, es la creación del Fondo de Asistencia Laboral. A partir del 1° de junio de 2026, cada empleador deberá abrir una cuenta individual a nombre de cada trabajador, administrada por entidades reguladas por la Comisión Nacional de Valores. En esa cuenta se va acumulando plata mes a mes. Cuando te despidan sin causa, en lugar de cobrar la indemnización tradicional de un mes de sueldo por año trabajado, cobrarás lo que haya en ese fondo. Es el modelo que ya funciona en la construcción y que el Gobierno quiere extender al resto de la economía. Las empresas lo celebran porque les da previsibilidad. Los sindicatos lo lloran porque dicen que el fondo nunca va a equivaler a la indemnización actual.
En el mundo de los contratos, la ley abre puertas que antes estaban cerradas. La más llamativa: se podrá pagar el salario en moneda extranjera. Si tu empleador opera con dólares y llegan a un acuerdo, podés cobrar en dólares. Es una modificación que en el contexto de la apertura financiera del Gobierno tiene un impacto directo en sectores como el tecnológico, el agroindustrial exportador y los servicios profesionales. También se formaliza el banco de horas — trabajás más una semana, descansás más la siguiente — y se permite fraccionar las vacaciones bajo acuerdo. Todo más flexible, todo menos rígido, todo más parecido a lo que el Gobierno llama «modernización» y los sindicatos llaman «precarización».
Los trabajadores de plataformas tecnológicas — deliverys, conductores de Uber, Cabify y similares — quedan bajo un régimen propio y diferenciado. Ya no aplica la Ley de Contrato de Trabajo tradicional para ellos. El debate sobre si son empleados en relación de dependencia o trabajadores independientes quedó, al menos provisoriamente, resuelto del lado de la independencia. Los sindicatos de repartidores prometieron impugnar ese artículo en la Justicia.
La reforma sindical es la que más silencio genera en los gremios porque es la que más les saca. La ley establece que todos los convenios colectivos de trabajo vencidos deben renegociarse en el plazo de un año. Y fija una jerarquía que antes no existía con tanta claridad: el convenio de empresa prevalece sobre el convenio de actividad dentro de su ámbito. Eso significa que una empresa puede negociar condiciones distintas — y potencialmente peores, dicen los gremios — a las del convenio general de su sector. La CGT ya anticipó que irá a la Justicia. El Gobierno responde que el marco laboral vigente era una trampa que impedía crear empleo formal y que la reforma lo cambia de raíz.
Los incentivos para que las empresas contraten en blanco incluyen el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral — contribuciones patronales reducidas por 48 meses por cada nuevo trabajador contratado — y el programa para regularizar relaciones laborales informales con condonación del 70% de deudas previsionales. También se eliminan impuestos sobre seguros, telefonía celular y automóviles. El Gobierno llama a todo esto modernización. Los trabajadores informales, si consiguen que sus empleadores se regularicen, van a tener acceso a la obra social y a la jubilación por primera vez. Eso, al menos, nadie puede negarlo.
