Este viernes el Senado de la Nación Argentina convertirá en ley la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. A diferencia de lo ocurrido en Diputados —cuando hubo un paro nacional— el escenario sindical hoy aparece fragmentado y sin una postura unificada.
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este miércoles desde las 15 en la sede de UPCN, en el microcentro porteño, para definir los pasos a seguir. Sobre la mesa hay dos ejes: qué hacer el viernes, cuando se vote la norma, y si avanzar luego con una estrategia de judicialización.
Parar, movilizar o esperar
Dentro de la central obrera conviven posturas divergentes. Algunos dirigentes impulsan una movilización al Congreso sin paro general; otros presionan por medidas de fuerza más contundentes; y un tercer sector prefiere evitar una escalada inmediata.
En paralelo, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma ya confirmaron que se movilizarán el viernes, con concentración prevista desde las 10 en la intersección de Salta y Avenida de Mayo, frente al Congreso.
Ambas centrales mantienen distancia con la CGT y cuestionan lo que consideran falta de firmeza en el plan de acción.
Gremios que empujan medidas más duras
Entre los sindicatos que reclaman mayor contundencia aparecen la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Aceiteros y los Aeronáuticos.
Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de 36 horas con movilización. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma constituye “el mayor ataque a los derechos laborales” y la calificó como una ley “inaplicable”.
También anticipó su adhesión la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), gremio que nuclea a choferes de líneas del grupo DOTA en el AMBA y que no suele plegarse a paros nacionales.
El trasfondo
La reforma vuelve al Senado luego de que en Diputados se eliminara el artículo 44, que recortaba las licencias pagas por enfermedad o lesión. Aunque ese punto fue retirado, el Gobierno ya adelantó que insistirá más adelante con una iniciativa específica.
En el sector público, los gremios denuncian más de 60 mil despidos desde fines de 2023 y una pérdida significativa del poder adquisitivo frente a la inflación, lo que suma tensión al clima previo a la votación.
Con posiciones divididas y sin una conducción unificada, la CGT enfrenta un dilema: convocar a una medida de fuerza nacional que marque un límite político o limitarse a acompañar movilizaciones sectoriales. La definición llegará esta tarde, en una reunión que podría anticipar el tono del conflicto sindical para los próximos meses.
