Ley Penal Juvenil: media sanción y fuertes cuestionamientos por el financiamiento
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina le dio media sanción a la reforma del régimen penal juvenil impulsada por el oficialismo, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, tras una extensa sesión marcada por cruces políticos y cuestionamientos sobre el financiamiento del nuevo sistema.
La iniciativa, que ahora deberá ser debatida por el Senado de la Nación Argentina, fue modificada de manera sustancial respecto del texto original enviado por el Poder Ejecutivo. La propuesta inicial planteaba llevar la edad de imputabilidad a 13 años y fijaba una pena máxima de 20 años. El dictamen aprobado estableció el piso en 14 años y redujo la pena máxima a 15 años, en busca de ampliar consensos.
Cómo fue la votación
El oficialismo reunió el respaldo de bloques aliados y provinciales. Acompañaron los diputados del interbloque Fuerza del Cambio, el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo, País Federal, la Coalición Cívica, La Neuquinidad, Innovación Federal y Provincias Unidas, entre otros.
El bloque de Unión por la Patria votó en contra en su mayoría, al igual que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y otros espacios provinciales. Dentro del massismo hubo divisiones: si bien el bloque rechazó la iniciativa en general, algunos legisladores acompañaron el primer capítulo vinculado al espíritu de la norma.
El eje del debate: la inversión necesaria
La polémica se concentró sobre el final del tratamiento, cuando se discutió el artículo referido al financiamiento del nuevo régimen.
El dictamen incluyó una asignación presupuestaria superior a los 23 mil millones de pesos para su implementación. Sin embargo, distintos legisladores advirtieron que el monto es insuficiente para afrontar la construcción de establecimientos específicos para menores y la adecuación del sistema judicial y penitenciario.
El jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, apoyó la baja de la edad a 14 años —al señalar que se trata de un parámetro extendido a nivel internacional— pero cuestionó la falta de inversión estructural. “Esta ley requiere inversión en el proceso educativo y construcción de edificios para tratar de reconstruir penas reducidas”, sostuvo.
En la votación en particular, varios diputados se abstuvieron en el artículo presupuestario por considerar que, sin financiamiento adecuado, la norma podría resultar inaplicable en la práctica.
Las posturas enfrentadas
Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió el proyecto como “un gran paso para Argentina” y sostuvo que el régimen vigente “no previene, no resocializa al menor y tampoco repara a las víctimas”.
En contraste, legisladores opositores advirtieron que la reforma podría derivar en una mayor criminalización de jóvenes en contextos vulnerables. La diputada Myriam Bregman afirmó que la propuesta apunta a la “persecución penal de los pibes”, mientras que otros bloques señalaron que la inseguridad no se resolverá exclusivamente con reformas punitivas.
El jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, cerró el debate con una defensa enfática del proyecto y sostuvo que el Congreso “dejó de esconderse” al abordar la baja de imputabilidad.
Cruces y tensión en el recinto
La sesión también estuvo atravesada por fuertes intercambios entre oficialismo y oposición. Minutos antes de la votación, se produjo un cruce cuando el diputado Nicolás Mayoraz acusó a Unión por la Patria de sostener una ley heredada de la dictadura, lo que generó la reacción de Horacio Pietragalla.
Con media sanción en Diputados, la iniciativa abre ahora un nuevo capítulo en el Senado, donde el debate volverá a centrarse no solo en la edad de imputabilidad, sino también en la viabilidad presupuestaria y el alcance real de la reforma.
