Tras la media sanción en el Senado, el oficialismo despliega una estrategia para consolidar el texto sin modificaciones. Patricia Bullrich marcó la postura del Gobierno y anticipó que no habrá margen para reabrir el debate técnico en Diputados.
El Gobierno nacional entró en la fase final de una de sus reformas estructurales más relevantes. Con la media sanción ya obtenida en el Senado, la reforma laboral enfrenta ahora su paso por Diputados.
En ese contexto, Patricia Bullrich dejó en claro que la prioridad es aprobar el proyecto sin cambios. “La ley ya está, es esta”, insistió, dejando poco margen para renegociaciones.
Cerrar el debate y evitar dilaciones
La postura oficial responde a una estrategia política concreta: evitar que la Cámara baja introduzca modificaciones que obliguen a reabrir el trámite legislativo.
Si el texto regresa al Senado, el proceso podría extenderse varias semanas y generar incertidumbre política y económica.
El oficialismo busca transmitir una señal de firmeza y previsibilidad, tanto hacia el interior del Congreso como hacia el sector empresarial.
Impacto económico y argumentos oficiales
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma apunta a:
- Modernizar el marco regulatorio laboral.
- Reducir la informalidad.
- Generar incentivos para nuevas contrataciones.
- Disminuir la conflictividad judicial.
El Gobierno argumenta que el esquema actual desalienta la creación de empleo formal y que el nuevo régimen ofrece herramientas más flexibles para empleadores y trabajadores.
Las críticas en el debate público
En contraposición, sectores sindicales y dirigentes opositores plantean que la iniciativa puede debilitar derechos adquiridos y alterar el equilibrio en la relación laboral.
El debate trasciende el Congreso y se instala en el plano social, donde la reforma divide posiciones entre quienes la consideran una modernización necesaria y quienes la interpretan como un retroceso.
El escenario político inmediato
La Cámara de Diputados se convierte ahora en el epicentro de la discusión. El oficialismo necesita consolidar apoyos para garantizar que el texto no sea modificado.
La votación marcará no solo el destino de la reforma laboral, sino también la capacidad del Gobierno para sostener su agenda estructural en el Congreso.
En un año atravesado por tensiones políticas y reconfiguración de alianzas, el resultado tendrá impacto más allá del plano laboral.
