Los gobernadores peronistas estudian una estrategia para frenar la reforma laboral
Un grupo de gobernadores peronistas comenzó a delinear una estrategia común para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, en un contexto de creciente preocupación por el impacto que la iniciativa tendría tanto sobre los derechos laborales como sobre los recursos que reciben las provincias por coparticipación.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió en las oficinas del Banco Provincia, en San Martín y Mitre de la Ciudad de Buenos Aires, a sus pares de Formosa, Gildo Insfrán, y de Santiago del Estero, Elías Suárez. De manera virtual participaron también los mandatarios de La Rioja, Ricardo Quintela; La Pampa, Sergio Ziliotto; y Tierra del Fuego, Gustavo Melella.
El encuentro tuvo como eje central la búsqueda de una posición coordinada frente al avance del proyecto en el Congreso. “Es un retroceso a los derechos de los trabajadores”, afirmó Quintela, quien advirtió además que la iniciativa implica “una quita de recursos para las provincias argentinas a través de una política tributaria y fiscal que se incluye de forma incorrecta e indebida dentro de la reforma laboral”.
La preocupación de los gobernadores se centra, en particular, en el artículo 191 del proyecto, que modifica la Ley del Impuesto a las Ganancias en beneficio de las grandes empresas. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dirigido por Nadin Argañaraz, la medida tendría un impacto negativo sobre la recaudación nacional y la masa coparticipable. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la pérdida anual estimada ascendería a unos 238.558 millones de pesos.
Los mandatarios coincidieron en que la reforma no solo perjudica a los trabajadores, sino que también compromete seriamente las finanzas provinciales. En ese marco, advirtieron que la caída de recursos limitaría la posibilidad de otorgar aumentos salariales y de mejorar la calidad de los servicios públicos.
Sin definiciones concretas sobre el plan de acción, los seis gobernadores acordaron aceitar los encuentros y mantener un contacto más fluido, con el objetivo de avanzar en una estrategia común y eventualmente definir un “plan de lucha” frente a la avanzada libertaria.
Puente con la CGT
Tras la reunión entre los mandatarios, se sumaron dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), entre ellos los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello; el secretario adjunto, Andrés Rodríguez; y el secretario del Interior, Héctor Daer, además de otros referentes que participaron de manera virtual. El encuentro incluyó una comida compartida.
A pocos días del inicio del debate legislativo —que, según el oficialismo, contaría con un amplio respaldo parlamentario—, Sola explicó que el objetivo de la reunión fue “que los gobernadores nos entiendan y nos escuchen”, y remarcó que la discusión no debe limitarse únicamente a la coparticipación. “Tuvimos muy buenas recepciones”, sostuvo en declaraciones a Batalla Cultural.
El dirigente sindical advirtió, sin embargo, que algunos mandatarios “después toman otro tipo de decisiones” y señaló que deberán “ser responsables frente a los trabajadores de sus provincias” a la hora de votar la iniciativa en el Congreso. “Tendrán que ser responsables de lo que hagan y digan en la sesión del miércoles”, enfatizó.
Kicillof ya había mantenido encuentros previos con la conducción de la CGT. A fines de diciembre se reunió por primera vez con la cúpula de la central obrera, y la semana pasada recibió en La Plata al cosecretario Jerónimo. En esas reuniones se analizaron tanto los mecanismos para frenar la reforma laboral como la posibilidad de construir una alternativa política de cara a 2027. “Haremos lo que sea necesario”, deslizaron desde el entorno del gobernador.
Desde la CGT señalaron que esos encuentros permitieron analizar “el ataque al trabajo” que, según afirmaron, impulsa el gobierno de Milei a través de un modelo económico que “golpea el empleo y genera una fuerte pérdida del poder adquisitivo”.
La central obrera calificó la reforma como “regresiva, flexibilizadora y precarizadora” y advirtió que no solo avanza sobre derechos adquiridos, sino que tampoco ofrece respuestas a la crisis económica. En ese sentido, reafirmó su decisión de “dar la pelea” en todos los ámbitos posibles —la calle, el Congreso y la Justicia— utilizando “todas las herramientas democráticas disponibles”.
Alerta por la caída de la recaudación
En este contexto, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió que enero fue “el peor de los últimos 15 años para la recaudación nacional de impuestos”. Según detalló, los ingresos quedaron un 10% por debajo del promedio histórico en términos reales y un 15% abajo en comparación con enero de 2023.
“El pésimo desempeño tributario se explica por la contracción de los sectores neurálgicos, la caída del empleo y la depresión de la demanda agregada”, explicó. Si bien el mayor desplome se dio en los derechos de exportación, López remarcó que “el rojo es generalizado”.
Finalmente, señaló que, pese a la caída global, la Nación concentra una mayor proporción de los recursos: mientras la recaudación coparticipable cayó 8,2% interanual real, la no coparticipable retrocedió a un ritmo menor, del 7%.
