La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca hizo lugar al recurso de la Fiscalía y determinó que la decisión previa del Juez de Garantías carecía de la prueba pericial oficial exigida por la Ley 24.660.
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó la prisión domiciliaria que se le había concedido a Konstantín Rudnev, ciudadano ruso investigado por liderar una presunta secta en Bariloche, acusado de infracción al artículo 145 bis del Código Penal (trata de personas).
De acuerdo al fallo del Tribunal de Revisión, integrado por los jueces Richard Fernando Gallego y Simón Pedro Bracco, Rudnev deberá regresar a una unidad penitenciaria para continuar cumpliendo la prisión preventiva.
El eje central del fallo es la ausencia de un sustento objetivo y científico. La Cámara entendió que, sin ese respaldo, no existen elementos que justifiquen la morigeración de la medida de coerción.
En forma específica, el Tribunal señaló que no existe en el legajo un dictamen pericial ni un informe científico oficial sobre el estado de salud del imputado, tal como lo exige el artículo 32, inciso a, de la Ley 24.660.
A partir de esta “falta de acreditación objetiva”, la Cámara hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, que había apelado la resolución inicial.
La resolución ahora revocada había sido dictada por el juez federal de Garantías, Gustavo Javier Zapata, quien había concedido la prisión domiciliaria basándose en informes médicos aportados por la defensa particular.
El Tribunal de Revisión cuestionó esa decisión y señaló que el juez de primera instancia dio crédito a los informes de los profesionales de la defensa sin exponer argumentos sólidos para descartar la postura del Ministerio Público Fiscal ni para requerir la intervención del Cuerpo Médico Forense, organismo especializado disponible para este tipo de evaluaciones.
La defensa de Rudnev había alegado un grave deterioro en su estado de salud, incluyendo una pérdida de peso cercana a los 50 kilogramos, diversas patologías y dificultades para recibir atención médica adecuada, agravadas por la barrera idiomática dentro del penal.
Declaraciones de Carlos Broitman, abogado de Konstantín Rudnev
El letrado calificó la revocación como “arbitraria y carente de fundamento” y cuestionó duramente la decisión del Tribunal de Revisión de revocar la prisión domiciliaria de su defendido. Broitman sostuvo que la medida es arbitraria, ya que se ignoró la evidencia médica existente.
«El tribunal revocó la decisión del juez de otorgar la prisión domiciliaria aduciendo falta de fundamentación, cuando estaban comprendidas situaciones de riesgo de vida y se había escuchado a los médicos. Hizo lugar a planteos introducidos por el Ministerio Público de forma totalmente infundada», afirmó.
Broitman remarcó que existía un consenso entre los profesionales de la salud respecto del agravamiento del estado de Rudnev y la incapacidad del servicio penitenciario para atenderlo adecuadamente.
«Todos los médicos intervinientes —el perito de parte, nuestros peritos y el perito del Ministerio Público— manifestaron que se habían agravado las condiciones de salud y que existía peligro», sostuvo.
El abogado también describió falencias estructurales de la Unidad 6, señalando que no puede garantizar la custodia y el cuidado de la salud de Rudnev, incluso en aspectos básicos de comunicación:
«Cuando escribe en ruso no tienen forma de traducirlo y los estudios médicos necesarios no pudieron realizarse por falencias de la unidad», explicó.
Ante la revocación, Broitman anunció la presentación inmediata de un recurso de revisión, con el objetivo de revertir la medida con urgencia. Insistió en que la situación de salud de Rudnev es crítica y que la prisión efectiva podría tener consecuencias fatales.
«Dentro de las próximas 24 horas vamos a solicitar la revisión de la decisión. Creemos que se hará justicia otorgando de forma inmediata la prisión domiciliaria a una persona con un grave deterioro de salud, donde la continuidad de la detención puede causarle la muerte», afirmó.
No obstante, la Cámara concluyó que estos argumentos no fueron respaldados con la prueba médica oficial exigida por la ley para modificar las condiciones de la prisión preventiva. Tras la decisión, la defensa dejó planteada la reserva de casación.
