La causa conocida como la «Secta Rusa» de Bariloche, que mantiene a 21 ciudadanos rusos imputados por presunta trata de personas, continúa revelando aristas que desafían el relato oficial de la Fiscalía. Entre los acusados se encuentra Marina, una psicóloga y pensionada que llegó a Argentina como turista y que hoy, con prohibición de salida del país, denuncia una construcción judicial basada en prejuicios.
Su testimonio se suma al de Elena Makarova, la supuesta víctima, quien ya ha negado serlo y ha querellado a los fiscales, poniendo en jaque la base misma del expediente. La versión de Marina ofrece una mirada crítica desde el ámbito profesional sobre la forma en que se ha manejado la investigación.
Marina Gushenets, quien es psicóloga y médica, relata que su detención fue un evento inesperado y rudo, ocurrido en el aeropuerto de São Paulo, Brasil, después de una breve estadía en Bariloche. Había viajado sola a Argentina y su plan era reunirse con amigos en Brasil, pero la policía la interceptó sin mostrarle «nada ni decirle nada» sobre los cargos. La experiencia la sorprendió profundamente, recordándole de inmediato lo que significa la discriminación y la arbitrariedad de un sistema. Ella asegura que, hasta ese momento, había olvidado la sensación de ser tratada como una ciudadana de segunda clase.
Un punto crucial de su declaración es la presión que sintió por parte de sus propias defensoras públicas. Marina afirma que las abogadas le «indicaban que tenía que declarar que era víctima de Rudnev» para mejorar su situación procesal. Como profesional de la psicología, ella conoce la sutil forma en que las personas pueden ser inducidas a hablar o declarar bajo ciertas premisas. Esta manipulación emocional, proveniente de quienes debían defenderla, la dejó completamente desconcertada y perpleja.
Desde su perspectiva profesional, Marina Gushenets percibió que la Fiscalía ya tenía una «idea propia, una versión» de los hechos que intentaban probar a toda costa. Ella sintió que los investigadores estaban recogiendo información de manera selectiva para encajarla en un relato preestablecido, lo que ella describe como un «bosque salvaje». Esta sensación de parcialidad se mantuvo durante las audiencias, donde la búsqueda de la verdad parecía haber sido reemplazada por la necesidad de confirmar una narrativa. La psicóloga observó que la justicia estaba trabajando a la inversa, buscando pruebas para una conclusión ya escrita.
Respecto a la acusación formal en su contra, Marina sostiene que en concreto no se le imputó «de nada» durante la audiencia. Los fiscales solo le preguntaron su nombre, y después de su respuesta, la conversación se detuvo abruptamente. Finalmente, el juez se limitó a leer un texto que, según ella, «ya estaba preparado» de antemano. Esta falta de diálogo y de una imputación clara la llevó a concluir que toda la situación está siendo un «juego muy feo» en el que su libertad y reputación están en riesgo.
La imputada también desmiente cualquier vínculo previo con el principal acusado, Konstantin Rudnev, a quien asegura haber visto por primera vez «en la pantalla, en la audiencia». Su experiencia personal con el sistema judicial argentino ha sido profundamente humillante, incluyendo el relato de haber sido despojada de sus ropas. Esta rudeza y la incomprensibilidad de las fuerzas que se entrometieron en su vida le generan una «gran desgracia» y una profunda tristeza.
Para ilustrar la metodología de la Fiscalía, Gushenets recurre a un conocido experimento psicológico sobre la percepción. En este experimento, la misma foto de una persona es mostrada a tres grupos, describiéndola como un «cientista», un «sadista» o un «ciudadano normal», y cada grupo percibe rasgos acordes a la etiqueta. Ella cree que los fiscales «pusieron una imagen de Rudnev sobre la causa» y ahora están agrupando todas las informaciones para probar ese preconcepto. Esta construcción de la imagen negativa, según su análisis, fue «muy obvia en todas las audiencias» y sesgó todo el proceso.
Marina lamenta que, a pesar de todas las convenciones internacionales posibles, «nadie quiere ver que fueron violados los derechos de las personas» en este proceso. Al inicio, ella pensaba que la justicia argentina descubriría la injusticia y le pedirían perdón por el error. Sin embargo, su esperanza se desvaneció al darse cuenta de que los investigadores están buscando «construir algo más» que la verdad procesal. La psicóloga se siente desprotegida y atrapada en una situación que excede cualquier lógica legal.
La psicóloga contrasta su visión idealizada de Argentina, la «patria del tango» que tanto le gusta, con la dura realidad que experimenta. Su opinión actual es que el país opera bajo un «gobierno totalmente sin derechos», donde las personas están muy desprotegidas. Ella misma se siente en esa condición, mencionando incluso problemas de salud, como su dentadura, que no puede resolver porque no le permiten salir del país ni acceder a un dentista.
Finalmente, Marina expresa su preocupación por las repercusiones internacionales de este caso, especialmente en lo que respecta a la reputación de Argentina. Como psicóloga, su preocupación se extiende a las mujeres y los niños que, según ella, están desprotegidos por el sistema. Ella advierte que organizaciones internacionales como las Naciones Unidas «no van a apoyar a la Argentina» si continúa perdiendo su reputación con este tipo de procesos judiciales.
El testimonio de Marina, crudo y contundente, es un llamado de atención sobre las consecuencias humanas de un relato judicial que se desmorona.
