Una década de persecución judicial y hostigamiento a la líder de la Tupac Amaru
Este 16 de enero se cumple una década de la detención de Milagro Sala, la dirigente social y líder de la organización Tupac Amaru, arrestada en 2016 tras un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, pocos días después de la asunción de Gerardo Morales como gobernador. Desde entonces, lleva 3.653 días privada de su libertad.
Diez años atravesados por una cascada de causas judiciales —15 expedientes abiertos, seis juicios orales— que, de manera sucesiva, impidieron su liberación. Diez años de persecución política, hostigamiento judicial y desmantelamiento de una de las organizaciones sociales más importantes del norte argentino. Hoy, Milagro Sala permanece internada desde hace más de dos semanas en el Hospital de Gonnet, en La Plata, con la salud gravemente deteriorada y bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
“A veces no quiere vivir más. Está cansada de tanto apriete, se cansó de llorar”, contó a Página/12 su hija Claudia Sala. “Lo que le hacen no se lo merece ni el peor enemigo”.
Diez años de encierro
La década puede medirse, en primer lugar, en tiempo de privación de libertad: cárceles jujeñas, prisión domiciliaria en esa provincia y, desde 2023, traslado a La Plata por razones médicas. También en números judiciales: 15 causas armadas, 15 años de condena efectiva confirmados por la Corte Suprema en la causa “Pibes Villeros” —por extorsión, fraude y asociación ilícita vinculadas a la construcción de viviendas— y otra por amenazas telefónicas a una comisaría en 2014. En todos los procesos, la defensa denunció irregularidades, recusaciones y falta de garantías.
Pero la década también se mide en pérdidas. En 2023 murió su hijo Sergio Chorolque Sala, de 37 años, y meses después falleció su compañero de vida, Raúl Noro. “Para ella son diez años de una pesadilla de la que no puede despertar. Siente que sacrificó a su familia”, relató su hija.
El médico personal de Sala, Jorge Rachid, confirmó que atraviesa “un proceso de angustia muy profundo que provocó una desestabilización emocional severa”. “Está medicada, compensada y bajo tratamiento de salud mental”, explicó. A ese cuadro se suman una trombosis venosa profunda en la pierna izquierda y el síndrome de May-Thurner, que obligan a un seguimiento médico permanente en centros especializados. Informes periódicos son enviados a la justicia jujeña.
“La persecución judicial no se detuvo ni siquiera con su estado de salud. Intentan llevarla nuevamente a Jujuy por causas nuevas, hubo fiscales que fueron a verla sin autorización judicial y además sufrió desalojos intempestivos basados en falsedades mediáticas”, agregó Rachid.
Judicialización del cuerpo
Para la abogada defensora Alejandra Cejas, lo que persiste es “una judicialización del cuerpo de Milagro Sala”. “Se olvidan de que es una persona que debe ser tratada con dignidad. El último año fue especialmente cruel: intentaron trasladarla desconociendo deliberadamente su estado de salud”, sostuvo. La última ofensiva judicial se vincula a una causa por lavado de activos derivada de “Pibes Villeros”.
La frase “Le pido perdón a Morales por ser negra y coya” quedó grabada hace nueve años, cuando Milagro la pronunció durante su primer juicio. Allí habló de la “revolución de la cabeza” que impulsó la Tupac Amaru para que los sectores populares fueran tratados como ciudadanos plenos. Gerardo Morales ya no gobierna Jujuy, pero, según su entorno, su influencia sobre jueces y fiscales persiste. “Actúa como un monje negro detrás del poder”, denunció Claudia.
Un caso testigo
Pasaron los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora el de Javier Milei. Hubo pronunciamientos de la ONU, la CIDH y la OEA reclamando su liberación inmediata. Milagro Sala fue electa diputada del Parlasur en 2016, pero sus fueros no fueron respetados. De todos los dirigentes de la Tupac detenidos, ella es la única que continúa presa.
“Lo de Milagro fue un laboratorio: el ensayo de un sistema de persecución y disciplinamiento de las organizaciones sociales”, sostuvo María Elena Naddeo, secretaria general de la APDH e integrante del Comité por la Liberación de Milagro Sala. Recordó, además, el rol clave de la Tupac Amaru en el impulso de los juicios por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, como los de La Noche del Apagón.
Días atrás, referentes como Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida encabezaron una solicitada que denunció el encarcelamiento de Sala como uno de los casos más emblemáticos de persecución política y violencia judicial, un patrón que —advirtieron— luego se extendió a otros dirigentes sociales y políticos.
Lo que dejó la década
El paso del tiempo también se mide en lo que fue destruido: barrios enteros, más de 8.000 viviendas, fábricas, escuelas, centros de salud, espacios recreativos y las multitudinarias celebraciones del Día del Niño que cada agosto colmaban Alto Comedero. La Tupac Amaru fue desmantelada junto con su lideresa.
Diez años después, el reclamo por la libertad de Milagro Sala sigue vigente. La memoria persiste, incluso cuando el poder intenta imponer el olvido. La esperanza, como dicen los versos, todavía se resiste a desaparecer.
