Organismos de derechos humanos y más de 20 organizaciones de la sociedad civil llevarán en las próximas horas sus cuestionamientos al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y distintas relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Alertarán sobre la existencia de un plan de vigilancia masiva que pone en riesgo derechos fundamentales y denunciarán la inconstitucionalidad de la norma.
El decreto fue firmado el 31 de diciembre, pocas horas después de finalizadas las sesiones extraordinarias del Congreso y en pleno clima de fin de año. Desde entonces, el DNU acumula cuestionamientos en los ámbitos político, judicial e internacional, por avanzar sin debate parlamentario sobre una materia especialmente sensible.
Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento se encuentran Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Vía Libre, INECIP, CAREF, ANDHES, Fundación Huésped y Greenpeace, entre otras. Todas calificaron al decreto como “manifiestamente inconstitucional” y advirtieron que el Gobierno rompe consensos democráticos básicos.
“Al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener, es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia”, sostuvieron en el documento conjunto.
Estrategia judicial, parlamentaria e internacional
La respuesta de las organizaciones es múltiple. En el plano judicial, el CELS ya presentó un amparo colectivo y existen al menos otros cinco recursos contra el DNU 941. En el Congreso, exigirán que se active el rechazo del decreto y que se conforme la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) para controlar el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
“Es importante que el Congreso reciba estos pedidos para activar la CBI. La respuesta no debe ser solamente judicial. Los reclamos sociales deben tener una respuesta política”, señaló Diego Morales, director de Litigio del CELS.
En el plano internacional, las presentaciones serán dirigidas, entre otros, a José Luis Caballero Ochoa (presidente de la CIDH), Edgar Stuardo Rolón Orellana (relator de la CIDH para Argentina), Pedro Vaca (relator especial para la Libertad de Expresión), Gina Romero (relatora de la ONU sobre libertad de reunión y asociación), Ben Saul (relator de la ONU sobre terrorismo y derechos humanos) y al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias.
Varios de estos expertos ya expresaron preocupación por retrocesos en materia de derechos humanos desde la asunción de Milei. Días atrás, por ejemplo, Gina Romero celebró la anulación judicial del protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich.
Los puntos más cuestionados del DNU 941
Las organizaciones enumeraron una serie de aspectos que consideran especialmente graves:
- obliga a más de quince organismos públicos a compartir datos personales con la SIDE, lo que habilitaría mecanismos de vigilancia masiva;
- no prevé instancias de control ciudadano ni parlamentario efectivo;
- declara “encubiertas” todas las actividades, dificultando la investigación de posibles abusos;
- otorga por primera vez en democracia facultades de detención a agentes de inteligencia, con el riesgo de crear una “policía secreta”;
- permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”, avanzando sobre la seguridad interior;
- amplía la noción de contrainteligencia y reactualiza la figura del “enemigo interno”.
“Nos preocupa no solo la falta de debate democrático, sino el debilitamiento de los controles y la ampliación del secreto, que eleva el umbral de sospecha sobre todas las personas y organizaciones en Argentina”, advirtió Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Un retroceso con antecedentes
Las organizaciones recuerdan que en 2019 el entonces relator de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, ya había advertido sobre la debilidad de los controles del sistema de inteligencia argentino, tras las filtraciones de escuchas ilegales. Aquellas observaciones derivaron incluso en una acordada de la Corte Suprema que desalentó la participación de la AFI en investigaciones judiciales.
Ese esquema fue revertido en 2024, cuando Milei eliminó la AFI y restituyó la SIDE mediante otro DNU. La situación, sostienen los organismos, se agravó con la reforma actual.
En las próximas horas se definirá si la Justicia considera que los amparos contra el DNU deben tratarse durante la feria judicial. Mientras tanto, el Gobierno defendió la medida a través de comunicados oficiales y anticipó que enviará al Congreso una reforma más amplia del sistema de inteligencia.
