Los comedores comunitarios no pueden “tomar vacaciones”
La Justicia habilitó la feria judicial para que el gobierno de Javier Milei no interrumpa el relevamiento e inclusión de comedores comunitarios en el programa Alimentar Comunidad, tras una medida cautelar que obliga al Estado a garantizar la alimentación en barrios populares.
El ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, había intentado suspender sus tareas durante la feria judicial, pero el juez Walter Lara Correa, ante un pedido del CELS y la UTEP, resolvió que el proceso debía continuar. Actualmente, se deben sumar 30 comedores en los próximos días, y ya se incorporaron 72 al plan.
El conflicto judicial se remonta a noviembre de 2024, cuando el gobierno fue condenado por no garantizar el derecho a la alimentación, y la sentencia fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo en abril de 2025. La medida cautelar interina, vigente mientras se discute el fondo en la Corte Suprema, obliga al Estado a mantener la política de asistencia alimentaria.
Durante el primer año de gestión, se detectaron 5.000 toneladas de alimentos acopiados, algunos próximos a vencer, lo que evidenció la falta de distribución y la “política deliberada de hambre”, según denunciaron organizaciones sociales. Aunque se repartió parte de la comida, la trazabilidad es insuficiente, y las autoridades intentan cumplir con cuentagotas.
El CELS y la UTEP destacan que los esfuerzos del ministerio por descalificar los comedores —argumentando “comedores fantasma” o duplicación con la Asignación Universal por Hijo— no tienen sustento. El juez sostuvo que las políticas de transferencias directas son complementarias, no reemplazan la asistencia alimentaria organizada a través de comedores.
La reciente habilitación de la feria judicial obliga al gobierno a relevar y garantizar el funcionamiento de los comedores, que se encuentran en distintas provincias como Chaco, Santa Fe, Catamarca, Jujuy, Córdoba y Buenos Aires. La decisión busca evitar la vulneración del derecho a la alimentación, especialmente para niños y niñas que dependen de estos espacios.
El juez y la Cámara recordaron al Estado que las políticas públicas alimentarias no pueden ser regresivas ni discriminatorias, y deben garantizar igualdad y no discriminación, conforme a la Constitución y tratados internacionales.
