La Justicia Federal ordenó el embargo e inhibición de bienes de Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 16 exfuncionarios por el otorgamiento de créditos millonarios a la cerealera, pese a su delicada situación financiera.
La Justicia Federal dispuso el embargo y la inhibición general de bienes de Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 16 exdirectivos del Banco Nación, quienes durante el gobierno de Mauricio Macri habrían participado en una maniobra fraudulenta en favor del grupo Vicentín por más de 300 millones de dólares.
La medida fue adoptada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini, casi seis años después del inicio de la investigación por presunto fraude contra la administración pública. La causa analiza el otorgamiento de créditos multimillonarios a la empresa cerealera cuando ya se encontraba en una situación financiera crítica.
Créditos irregulares y perjuicio al Estado
Según la investigación que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita, la maniobra habría sido encabezada por González Fraga y Llach, quienes se desempeñaban como presidente y vicepresidente del Banco Nación. A través de la entidad, la administración del PRO habría autorizado créditos por 304.328.665,75 dólares a la exportadora santafesina de granos y oleaginosas.
El embargo fue dispuesto para asegurar “la eventual pena de multa que pudiera dictarse” y con el objetivo de “reparar el daño ocasionado”, de acuerdo con lo expresado en la resolución judicial.
El juez Ercolini señaló que los exfuncionarios investigados, junto con directivos del Grupo Vicentín, habrían intervenido en el cobro y administración de fondos cuyo destino final continúa siendo “incierto”.
Una espiral de préstamos sin respaldo
En su resolución, el magistrado detalló la espiral de créditos y préstamos irregulares que los imputados “habrían posibilitado” a la compañía, aun sabiendo que el banco “carecía de facultades reales para cobrarlos”.
La decisión de embargar e inhibir los bienes se tomó luego de las indagatorias realizadas en noviembre del año pasado, cuando un total de 26 imputados declararon ante los tribunales de Comodoro Py.
De acuerdo con Pollicita, durante ese proceso se reconstruyó cómo el Banco Nación otorgaba financiamiento que Vicentín no estaba en condiciones de devolver y cómo esos fondos habrían sido desviados, en parte, a cuentas personales de directivos de la empresa, entre otros destinos.
El tramo final de 2019, bajo la lupa
Una de las irregularidades más graves detectadas corresponde al segundo semestre de 2019, cuando Vicentín acumulaba una deuda significativa ya vencida. Pese a ello, el banco autorizó retiros y transferencias desde la cuenta de garantía, en lugar de imputar esos fondos al pago de la deuda.
Según el expediente, en ese período se liberaron 43.449.104.966 pesos a favor de la empresa mediante 125 operaciones, y posteriormente se otorgaron 28 préstamos adicionales por un total de 105,5 millones de dólares.
Los investigadores sostienen que, al 7 de noviembre de 2019, el grupo empresario ya mantenía una deuda vencida y exigible de 149,5 millones de dólares, y que se encontraba excedido en sus límites crediticios al menos desde julio de ese año, circunstancia que habría sido deliberadamente ignorada por los funcionarios imputados.
