Organismos de derechos humanos repudiaron la participación de la diputada libertaria en un streaming donde se realizaron burlas sobre los vuelos de la muerte y anunciaron acciones penales y parlamentarias.
Familiares de víctimas de la última dictadura cívico-militar reclamarán a la Cámara de Diputados la expulsión de la legisladora nacional Lilia Lemoine y anunciaron que presentarán una denuncia penal por apología del terrorismo de Estado, luego de su participación en un programa de streaming en el que se realizaron bromas sobre los vuelos de la muerte.
El episodio ocurrió el sábado pasado durante el programa FDC, emitido por el canal de streaming Ánima Digital. Allí, mientras los conductores realizaban comentarios despectivos vinculados a la represión estatal y a episodios de violencia política, Lemoine —habitual defensora pública del presidente Javier Milei y de su hermana Karina— permanecía en el estudio y reaccionó con risas ante las expresiones de otros panelistas.
Repudio de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz
El repudio fue encabezado por Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, cuyos parientes —entre ellos las Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, junto a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet— fueron secuestrados en diciembre de 1977, llevados a la ESMA y asesinados en un vuelo de la muerte.
En un comunicado, el organismo sostuvo que las expresiones escuchadas en el programa constituyen “una apología del terrorismo de Estado, una reivindicación de los crímenes de lesa humanidad y un profundo desprecio por el dolor de las víctimas y de todo el pueblo argentino”.
Asimismo, señalaron que los dichos violan el artículo 213 del Código Penal, que sanciona la apología del delito, y adelantaron que realizarán una denuncia penal. “Promover o banalizar crímenes de lesa humanidad desde medios de comunicación y cargos públicos constituye un delito grave contra el orden democrático”, advirtieron.
Pedido de sanción política en Diputados
Además de la vía judicial, los familiares exigieron que la Cámara de Diputados actúe frente a lo ocurrido. Enmarcaron el episodio dentro de una serie de gestos protagonizados por representantes de La Libertad Avanza, entre ellos el encuentro de legisladores oficialistas con represores condenados en el penal de Ezeiza, ocurrido meses atrás.
“La visita a genocidas detenidos ya quedó sin sanción. Hoy asistimos a una reivindicación abierta del terrorismo de Estado, lo cual no puede ser admitido ni naturalizado por el cuerpo legislativo”, afirmaron. Por ese motivo, reclamaron la separación inmediata de Lemoine de la Cámara baja.
Hechos probados judicialmente
Los familiares recordaron que la eliminación del grupo de la Santa Cruz a través de un vuelo de la muerte fue acreditada judicialmente por el Tribunal Oral Federal N°5, gracias a pruebas como el hallazgo de la aeronave utilizada —un Skyvan de Prefectura— y la identificación de varios cuerpos arrojados al mar.
Otros tribunales, como el TOF N°2 de San Martín, también dieron por probada la utilización de vuelos de la muerte como método sistemático de desaparición forzada, señalando que el objetivo era eliminar todo rastro de las víctimas.
“A Lemoine le decimos que es muy fácil burlarse en un streaming afín. La invitamos a que venga a los espacios de memoria o a la Plaza de Mayo y repita esas declaraciones frente a las tumbas de nuestras Madres”, expresaron Mabel Careaga, Cecilia De Vincenti y Carlos Ovidio, familiares de las víctimas.
Advertencia sobre discursos de odio
Juristas consultados advirtieron que las expresiones celebradas por la diputada podrían encuadrarse también dentro de discursos de odio, alcanzados por la Ley Antidiscriminatoria (23.592), que sanciona la incitación a la persecución u hostilidad por motivos políticos, entre otros.
En ese sentido, recordaron un reciente fallo del Tribunal Oral Federal N°6, que al condenar a los responsables del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, alertó sobre el rol del discurso de odio como condición previa para la violencia política.
El caso suma un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo libertario y los organismos de derechos humanos, y abre un debate institucional sobre los límites del discurso público y la responsabilidad de los representantes electos.
