En el Día de la Discapacidad, familias, activistas y entidades del sector se movilizarán hacia la Agencia Nacional de Discapacidad y el Congreso para reclamar por terapias interrumpidas, recortes de pensiones, falta de aplicación de la Ley de Emergencia y el impacto del escándalo de coimas que sacudió a la Andis. “El Gobierno decidió elegirnos como enemigos”, advierten.
Este 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el colectivo realizará una de sus movilizaciones más masivas del año. Organizaciones, familias y profesionales concentrarán frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y marcharán luego hacia el Congreso para denunciar lo que describen como “el ajuste más grave en décadas”, acompañado —aseguran— por discriminación, desfinanciamiento y corrupción.
“La lista de reclamos no tiene precedentes. Nos dejan sin terapias, sin pensiones y encima nos roban en la cara”, expresó Ana Dones, referente de REDI. Las organizaciones exigen la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso tras meses de protestas, pero sin fondos asignados por el Gobierno. También reclaman el restablecimiento de unas 200 mil pensiones por invalidez recortadas durante el año y restituidas por orden judicial.
La movilización coincidirá con la protesta de jubilados, movimientos sociales y trabajadores de la salud del Hospital Garrahan, con quienes también compartirán una conferencia de prensa.
“Nos eligieron como enemigos”
La actriz Valentina Bassi, una de las voces visibles del reclamo, subrayó el impacto del congelamiento de aranceles y los atrasos en los pagos a prestadores. “Las escuelas especiales están al borde del cierre. El Gobierno nos empuja a rifas y colectas para sostener terapias básicas”, dijo. Su preocupación principal es la continuidad educativa de su hijo con TEA: “Yo no tengo plan B. Si su escuela cierra, no sé qué hacemos”.
Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, los aranceles del sistema de discapacidad quedaron congelados mientras los costos crecían por encima de la inflación. Según ACIJ, el recorte acumulado en el programa estatal Incluir Salud ronda los $300 mil millones en términos reales. Es el mismo programa que —según la causa judicial en trámite— fue epicentro del pago de coimas bajo la gestión de Diego Spagnuolo.
Ley votada, veto frustrado y fondos que no aparecen
La Ley de Emergencia buscaba recomponer valores del nomenclador y otorgar una suma de compensación retroactiva. Tras su aprobación con amplia mayoría, el Gobierno la vetó, pero el Congreso rechazó el veto y debió promulgarla. Sin embargo, la reglamentación quedó paralizada y sin financiamiento. Mientras tanto, la Andis aplicó solo un aumento del 35%, aproximadamente la mitad de lo previsto por la norma.
Las organizaciones advierten que el deterioro alcanza a todo el sistema: obras sociales, prepagas, instituciones, acompañantes terapéuticos y escuelas especiales. “El círculo es perverso: te asfixian, te obligan a judicializar y mientras tanto se cae el acceso a derechos básicos”, resumió Bassi.
El recorte de pensiones, eje del conflicto
El Gobierno también avanzó con auditorías masivas sobre las pensiones por invalidez. Según resolvió recientemente la Cámara Federal de Catamarca, el procedimiento estuvo plagado de irregularidades y derivó en la baja injustificada de unas 200 mil prestaciones. La Justicia ordenó su restitución inmediata. Sin embargo, para 2026, el Boletín Estadístico de la Seguridad Social prevé como meta un nuevo recorte de casi 200 mil pensiones.
“Estuvimos todo el año denunciando el destrato en la justicia argentina y en organismos internacionales. El escándalo de coimas frenó una parte del ajuste, pero no la intención”, sostuvo Dones.
