Un día después de que Donald Trump confirmara que mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos se reunió este lunes con su equipo de seguridad nacional para analizar los próximos pasos respecto de Venezuela, en medio del amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico. La Casa Blanca evitó ofrecer precisiones sobre el contenido de la reunión, que llega en un contexto de crecientes tensiones y denuncias cruzadas entre Washington y Caracas.
Un cónclave sin detalles y máxima tensión diplomática
La vocera presidencial, Karoline Leavitt, describió la reunión como un encuentro de rutina del Comandante en Jefe con sus asesores. Según CNN, participaron figuras clave: el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Caine. Al cierre de esta edición, no se conocían los temas abordados y la Casa Blanca evitó descartar un eventual despliegue de tropas estadounidenses en territorio venezolano.
Consultada sobre si Trump había tomado una decisión, Leavitt mantuvo la ambigüedad: “Hay opciones disponibles para el presidente”.
La llamada con Maduro y la sombra de una negociación fallida
El domingo, desde el Air Force One, Trump admitió que habló recientemente con Maduro, pero no quiso dar detalles: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”. Medios estadounidenses como The New York Times, Reuters y el Miami Herald reportaron que Washington habría exigido la salida inmediata de Maduro y su círculo íntimo, ofreciéndoles “paso seguro” a cambio de su renuncia. Ninguno de los gobiernos confirmó esa versión.
En Caracas, Maduro dijo que Venezuela no aceptará “la paz de los esclavos” y denunció 22 semanas de agresión por parte de Estados Unidos.
Presión desde el Congreso estadounidense
La tensión llegó también a Washington. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, amenazó con impulsar una resolución de poderes de guerra que limite el despliegue militar en el Caribe si Trump continúa escalando las acciones contra Venezuela. Recordó que solo el Congreso tiene la potestad de declarar la guerra.
Investigación por ataques en el Caribe y el Pacífico
Mientras tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela anunció la creación de una comisión especial para investigar las presuntas “ejecuciones extrajudiciales” cometidas por fuerzas militares estadounidenses contra embarcaciones civiles en aguas internacionales.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, calificó los operativos como “ilegítimos e ilegales” y sostuvo que, al no existir guerra declarada, los hechos solo pueden ser catalogados como “asesinatos”. Un reportaje de The Washington Post reveló imágenes de dron que muestran un posible segundo ataque contra sobrevivientes en una embarcación venezolana el 2 de septiembre. El medio también afirmó que Hegseth habría ordenado “matar a todos”, algo que el funcionario niega.
Consultado, Trump dijo no tener información precisa, pero afirmó: “Yo le creo a Hegseth”. La Casa Blanca reconoció un segundo ataque, pero aseguró que estuvo “en conformidad con el derecho en conflictos armados”.
En paralelo, comités del Senado y de la Cámara de Representantes —integrados por republicanos y demócratas— anunciaron investigaciones formales para determinar si la operación pudo constituir un crimen de guerra.
Maduro: “Queremos paz, pero con soberanía”
En Caracas, Maduro encabezó una marcha multitudinaria y volvió a denunciar que Estados Unidos intenta quebrar la estabilidad interna. “Queremos paz con soberanía, paz con igualdad, no la paz de los esclavos”, afirmó. Además solicitó apoyo a la OPEP para frenar la “agresión estadounidense” y denunció ante la OACI el anuncio de Trump sobre el supuesto cierre del espacio aéreo venezolano, algo que Caracas calificó de injerencia ilegal.
Las restricciones aéreas impactaron en un programa de repatriación de venezolanos deportados de EE.UU., aunque el gobierno informó que se activó un operativo especial para asistir a pasajeros varados.
Reacciones regionales
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó abiertamente la decisión de Washington: “EE.UU. no tiene el derecho de cerrar el espacio aéreo venezolano”. Bogotá restableció el servicio aéreo civil con Venezuela e instó a otros países a hacer lo mismo. Aerolíneas como Wingo, Satena, Copa Airlines, Boliviana de Aviación, Avior y Conviasa mantienen sus operaciones.
Mientras tanto, Estados Unidos continúa con un amplio despliegue militar que incluye el portaaviones más grande del mundo y varios buques de guerra, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y al supuesto “Cartel de los Soles”. Caracas advierte que muchas de las víctimas corresponden a pescadores desarmados y acusa a Washington de “terrorismo de Estado”.
