Aunque todavía no juró como ministro de Defensa, Carlos Presti ya definió a su futuro jefe de Gabinete: Guillermo Madero, actual subsecretario del área y funcionario con un historial de decisiones que generaron fuerte rechazo entre organismos de derechos humanos.
La elección de Madero profundiza las dudas que despertó la llegada de Presti —hijo de un represor procesado por secuestros y desapariciones— a la conducción del ministerio. Madero, cercano al PRO y al sector que promueve la narrativa de la “memoria completa”, es señalado por haber bloqueado información clave en causas de apropiación de menores durante la dictadura y por visitar a represores detenidos en Campo de Mayo.
Bloqueo a la Conadi y embates contra organismos de derechos humanos
En febrero de 2024, Madero rechazó enviar a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) la historia clínica de un militar que podía ser relevante en la búsqueda de bebés robados. El argumento: que el Ejecutivo no puede intervenir en investigaciones, una postura celebrada en redes pro-impunidad.
Esa decisión fue el primer gesto de endurecimiento en Defensa, que luego continuó con:
- El respaldo de Patricia Bullrich para deslegitimar a la Conadi, a la que calificó como “organismo militante”.
- La eliminación por decreto, por parte de Javier Milei, de la Unidad Especial de Investigación que permitía acceder a archivos del Estado en casos de apropiaciones.
Visitas a represores y cierre de equipos de documentación
El 7 de marzo, Madero y el entonces director nacional de Derechos Humanos del ministerio, Lucas Miles Erbes, visitaron la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde se alojan represores condenados. La cartera lo justificó como una “revisión edilicia”, aunque fuentes penitenciarias señalaron que los detenidos recibieron la visita como un gesto político.
Pocas semanas después, el ministro saliente Luis Petri desmanteló los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA), que desde 2010 aportaban documentación a la Justicia en causas de lesa humanidad. El fiscal general Miguel Palazzani pidió preservar los archivos, pero Madero respondió criticando la comunicación directa entre el Ministerio Público y el Ejecutivo. La Procuración, alineada con la postura de Defensa, llamó la atención al fiscal.
La preocupación se profundizó cuando el fiscal Félix Crous denunció un intento de destrucción de archivos navales, mencionando la negativa de Madero a entregar documentación como parte de un patrón de obstrucción.
La “doctrina Petri” y la reivindicación militar
En julio, Madero publicó una columna defendiendo la llamada “doctrina Petri”, que propone ampliar el rol de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior y marcar el fin de la “doctrina Garré”. Allí criticó lo que consideró una visión “parcial” de la memoria histórica y cuestionó lo que denominó la “industria de los juicios de derechos humanos”, un argumento habitual en sectores negacionistas y en la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Treinta y seis fiscales salieron al cruce, destacando el valor fundamental de los ERyA para el avance de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Un giro político con fuerte impacto simbólico
Mientras el Gobierno presenta la llegada de Presti como el fin de la “demonización” de las Fuerzas Armadas, organismos de derechos humanos advierten que estos nombramientos envían un mensaje de retroceso en materia de verdad y justicia. La Argentina, que logró convertirse en un referente global por sus procesos de memoria, enfrenta ahora un escenario de riesgo para la preservación de archivos, la continuidad de las investigaciones y la garantía de no repetición.
