El oficialismo dejó trascender que está dispuesto a discutir el dictamen alternativo impulsado por Encuentro Federal. Unión por la Patria avanza con su propio texto, mientras los sectores del centro condicionan el debate al cumplimiento de leyes vetadas por Milei.
El Gobierno nacional, que transita su segundo año sin una Ley de Presupuesto aprobada, intenta recomponer el diálogo con la oposición en medio de las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro de Estados Unidos, que exigen señales de gobernabilidad y capacidad de negociación.
En las últimas horas, fuentes del oficialismo dejaron trascender que la Casa Rosada estaría dispuesta a discutir el dictamen alternativo elaborado por el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, que incorpora partidas para tres leyes que el Ejecutivo se niega a implementar: la Emergencia en Discapacidad, el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría (Hospital Garrahan).
Al mismo tiempo, Unión por la Patria (UxP) avanza con su propio proyecto de presupuesto, centrado en el refuerzo del gasto social.
Tensiones en Diputados y la advertencia del centro
El intento del oficialismo de encarrilar las conversaciones, tras la renuncia de José Luis Espert a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, no logró los resultados esperados.
Bloques opositores como Democracia Para Siempre denunciaron la convocatoria a reuniones “por fuera del ámbito institucional”, mientras que UxP se negó a participar en encuentros paralelos promovidos por el Ejecutivo.
Desde Encuentro Federal, los diputados Massot y Agost Carreño advirtieron que no habilitarán el debate parlamentario hasta que el Gobierno ponga en marcha las leyes vetadas por Milei y ya ratificadas por ambas cámaras. También anticiparon que el 4 de noviembre presentarán su propio dictamen de Presupuesto 2026.
“Le dijimos al Gobierno que no queremos romper el déficit cero, pero sí incluir las leyes que insistimos en sancionar y que ellos no aceptan”, explicó Carreño a Página/12.
El proyecto de Encuentro Federal plantea un superávit fiscal del 0,9%, por debajo del 1,5% proyectado por el Ejecutivo, pero asigna fondos específicos a las políticas sociales en conflicto.
Desde la presidencia de la Cámara baja, Martín Menem consideró positivo el gesto:
“No podemos acompañar algo que no conocemos, pero si la oposición se muestra más racional, estamos más cerca de sacar el presupuesto”, afirmaron cerca del riojano.
El juego de la oposición
UxP, por su parte, trabaja en un dictamen con eje en universidades, jubilaciones, ciencia y salud pública, y aunque no descarta coincidencias con el texto de Encuentro Federal, busca mantener su identidad legislativa.
“Nuestros lineamientos son un ejercicio de representación política, con foco en los sectores que más sufren el ajuste”, señaló una diputada del bloque.
El 4 de noviembre, cuando venza el plazo para dictaminar, habrá tres proyectos en competencia: el del oficialismo (respaldado por el PRO y parte del radicalismo), el de Encuentro Federal y el de Unión por la Patria.
Bloques provinciales, como Innovación Federal —alineado con los gobernadores de Misiones, Río Negro, Salta y Neuquén—, todavía no definieron su postura y reclaman una reunión con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.
El resultado electoral, clave para la negociación
El desenlace de las elecciones del domingo 26 de octubre será determinante para el futuro del Presupuesto 2026. En la Casa Rosada esperan mejorar su representación legislativa para negociar desde una posición más fuerte.
Pero si el resultado es adverso, el poder de fuego de Martín Menem para ordenar el debate quedará debilitado. En ese escenario, Karina Milei y Santiago Caputo podrían avanzar en un rediseño político que incluye impulsar a Cristian Ritondo como posible nuevo presidente de la Cámara.
Mientras tanto, el oficialismo gana tiempo y prepara el terreno para discutir el Presupuesto durante las sesiones extraordinarias de fin de año.
Reforma laboral en paralelo
En medio de las negociaciones presupuestarias, la Comisión de Presupuesto y Hacienda recibió al secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien confirmó que el Gobierno trabaja desde hace dos meses en una reforma laboral junto al Consejo de Mayo.
Cordero sostuvo que el objetivo es “modernizar los convenios colectivos” y centrar la negociación “por empresa”, para “mejorar la eficiencia en la inserción laboral”.
Desde la oposición, el diputado Sergio Palazzo (UxP) cuestionó con dureza la iniciativa:
“Si no existe ningún castigo para las empresas que no registran a sus trabajadores, difícilmente lo hagan. El salario mínimo cayó un 34% y apenas cubre el 27% de la canasta básica”, señaló.
Palazzo advirtió que la reforma “vuelve a fórmulas que ya fracasaron” y denunció que las políticas del Gobierno “duplicaron la desocupación y precarizaron el empleo”.
Un equilibrio precario
Entre las urgencias del FMI, las presiones internas y las fracturas en Diputados, el Gobierno de Milei enfrenta una doble pulseada: aprobar el Presupuesto 2026 y evitar un bloqueo legislativo en el tramo final del año político.
Por ahora, el Ejecutivo apuesta a los gestos de apertura hacia los dialoguistas para mantener vivo el debate hasta después de las elecciones. Pero en los pasillos del Congreso, pocos creen que el texto final se apruebe antes de diciembre.
