La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a EE.UU. y la decisión ahora está en manos del Gobierno

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló este martes la extradición del empresario argentino Federico «Fred» Machado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de activos, asociación ilícita y fraude electrónico. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa y confirmó la decisión del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén.

A partir de esta resolución, la decisión final queda en manos del Poder Ejecutivo, que debe resolver en un plazo de diez días hábiles si concede o no la entrega, conforme a la ley 24.767 de cooperación internacional en materia penal.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el pedido del Distrito Este de Texas se ajusta a las exigencias del tratado bilateral vigente y respeta los principios del debido proceso.

Machado, quien permanece bajo arresto domiciliario en la Argentina, fue procesado por un Gran Jurado federal junto con otros ocho imputados. Se lo acusa de integrar una organización criminal vinculada a la producción y distribución de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. En el mismo expediente, ya fueron condenadas otras dos personas, incluida Kayleigh Moffet, a través de acuerdos judiciales.

La defensa del empresario había planteado la inconstitucionalidad del proceso y cuestionado aspectos formales del juicio de extradición, como la imparcialidad del juez interviniente, la supuesta violación del principio de igualdad de armas y la falta de doble incriminación. Sin embargo, todos los argumentos fueron rechazados por la Corte.

El caso ganó notoriedad pública tras conocerse que Machado financió parte de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, con aportes en vuelos privados y asesorías por al menos USD 550.000, según consta en la causa.

Con el expediente ahora en manos de la Cancillería, el Ejecutivo deberá resolver si concede la extradición o si, por razones de soberanía, orden público o intereses esenciales, decide rechazarla.

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