La oposición busca repetir su éxito legislativo y revertir los vetos del Presidente a dos leyes clave. En paralelo, miles marchan al Congreso en defensa de la salud pública y la universidad nacional.
Con el recinto colmado y el termómetro político en alza, la Cámara de Diputados inició este miércoles el tratamiento de los vetos del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Emergencia en Pediatría, que había sido sancionada para reforzar los recursos del Hospital Garrahan. La sesión comenzó a las 13 con 132 diputados presentes, logrando el quórum gracias al respaldo de la oposición unificada.
Mientras tanto, una masiva movilización social rodea el Congreso: miles de estudiantes, docentes, gremios y trabajadores de la salud confluyen en una nueva Marcha Federal Universitaria, exigiendo que se garantice el financiamiento público en la educación superior y la salud pediátrica.
El Congreso, escenario de una pulseada decisiva
La oposición necesita dos tercios de los votos en ambas cámaras para revertir los vetos presidenciales y convertir las leyes en vigencia pese al rechazo del Ejecutivo. El antecedente inmediato es alentador para los bloques opositores: días atrás, lograron imponer la Ley de Emergencia en Discapacidad a pesar del veto de Milei.
En este caso, el rechazo al veto de la Emergencia Pediátrica parece contar con más respaldo, mientras que la insistencia sobre el financiamiento universitario enfrenta una votación más ajustada.
Los votos de ciertos espacios resultan clave para inclinar la balanza. El bloque del MID, compuesto por los exlibertarios Oscar Zago y Eduardo Falcone, y los cuatro misioneros de Innovación Federal (Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik) podrían votar contra los vetos, a pesar de haber acompañado al oficialismo en el pasado.
Chequera abierta y presión federal: la estrategia del Gobierno
Ante la posibilidad concreta de otra derrota parlamentaria, la Casa Rosada salió a negociar a contrarreloj, desplegando una operación política con transferencias discrecionales a provincias y promesas de aumento presupuestario para universidades, disimuladas dentro del anteproyecto del Presupuesto 2026.
El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, viajó al norte del país con la billetera en la mano y los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) como herramienta de negociación. Según trascendió, el objetivo es evitar que diputados que se ausentaron o se abstuvieron en la votación anterior esta vez se sumen al rechazo de los vetos.
Sin embargo, la diputada radical Soledad Carrizo (Córdoba), cuyo voto era una incógnita, confirmó su apoyo al financiamiento universitario a través de su cuenta en X:
“Mi posición parte de una sincera convicción política, no de un aprovechamiento coyuntural”, afirmó.
La calle, otra vez protagonista
La sesión en el Congreso no ocurre en el vacío. Desde temprano, columnas de estudiantes y docentes se movilizan por las calles porteñas, replicando la protesta en ciudades como Córdoba, Rosario, La Plata y Tucumán. En paralelo, los trabajadores del Hospital Garrahan realizan un nuevo paro y se suman a la movilización frente al Congreso.
«La universidad pública es nuestro futuro, es una herramienta de justicia social», sostuvo Camila, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas en Córdoba.
El clima se tensa aún más por las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien calificó de “terrorismo” las denuncias de desfinanciamiento, acusando a los rectores de “generar caos para derrocar al Gobierno”.
Un gobierno en su momento más delicado
El trasfondo de esta pulseada legislativa es una grave crisis económica y política. El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió públicamente que el Gobierno no tiene dólares para afrontar los vencimientos de deuda y que el Tesoro no comprará divisas al precio actual. En paralelo, el riesgo país supera los 1.200 puntos y se acumulan señales de debilidad institucional.
Milei, por su parte, ha mantenido una postura confrontativa. En redes sociales y en declaraciones de sus funcionarios, insiste en denunciar un intento de “boicot kirchnerista” desde el Congreso, al que considera «secuestrado».
Este jueves, el Senado será escenario de otro desafío clave para el oficialismo: el tratamiento del veto presidencial a la ley de reparto automático de los ATN, que cuenta con apoyo mayoritario de los 23 gobernadores y podría representar una nueva derrota para el Gobierno.
¿Hacia una nueva etapa de conflictividad institucional?
Con una economía sin dólares, una agenda legislativa empantanada y una creciente movilización social, el Gobierno de Javier Milei enfrenta una coyuntura crítica. A menos de dos meses de las elecciones legislativas de octubre, el Congreso y las calles parecen estar enviando un mensaje contundente: los límites institucionales y sociales al ajuste están más presentes que nunca.
