Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, explicó por qué dio lugar a una cautelar que obliga a la ANDIS a restablecer las pensiones no contributivas suspendidas en la provincia.
El juez federal de Catamarca Guillermo Díaz Martínez ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir de forma inmediata todas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas en la provincia. La medida, dictada en el marco de una acción de amparo, deberá cumplirse en un plazo de 24 horas.
En diálogo con radio La 750, el magistrado explicó los fundamentos de su decisión y advirtió sobre los efectos que podrían haber tenido los recortes:
“Estas personas dejen de percibir las pensiones puede provocar un daño irreparable. Porque no se trata solo de una cuestión económica, sino que involucra acceso a salud, medicamentos y necesidades básicas”, sostuvo.
Una medida de urgencia ante el “peligro en la demora”
Díaz Martínez aclaró que no se pronunció aún sobre la constitucionalidad del decreto nacional que estableció auditorías para revisar las pensiones, pero consideró que la presentación judicial acreditó la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, dos requisitos fundamentales para habilitar la cautelar.
“No entré en la cuestión de fondo, pero la medida cautelar entendí que estaba bien fundada. El daño que podía generarse en este caso era inminente y de consecuencias muy graves”, explicó.
La acción judicial y las irregularidades denunciadas
La causa se inició tras una acción de amparo colectiva presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, una asociación civil con trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y seis ciudadanos afectados directamente por la suspensión de sus pensiones.
La demanda denunció que ANDIS incurrió en múltiples deficiencias administrativas, entre ellas:
- Notificaciones poco claras o incompletas
- Exigencias desproporcionadas para trasladarse a validar la pensión
- Plazos exiguos para presentar la documentación requerida
Estas condiciones, alegaron los amparistas, vulneraron el derecho a una defensa adecuada en el proceso administrativo.
Críticas a la falta de regulación nacional
En su resolución, el juez también hizo un llamado de atención sobre la vacancia prolongada en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que aún no cuenta con un titular designado, y la falta de una ley específica para regular las acciones colectivas en el país.
Además, reconoció la legitimación extraordinaria del Defensor del Pueblo provincial para representar al colectivo afectado, dado el carácter sensible del derecho en juego.
Contexto nacional: recortes y auditorías en discapacidad
La medida del juez se enmarca en un contexto de recortes presupuestarios y auditorías masivas impulsadas por el Gobierno Nacional a través de la ANDIS, que provocaron la suspensión o revisión de miles de pensiones no contributivas por invalidez en todo el país.
Diversas organizaciones denunciaron que los procedimientos no respetaron criterios de proporcionalidad, ni tuvieron en cuenta las particularidades de los beneficiarios, muchos de los cuales dependen exclusivamente de esa pensión para sobrevivir.
