Legisladores de distintos bloques acusaron al Ejecutivo de Javier Milei de avanzar contra la libertad de prensa. Advirtieron sobre el discurso de odio, los pedidos de allanamiento y el riesgo institucional.
Senadores nacionales de diferentes bloques políticos se manifestaron este martes contra las recientes denuncias del Gobierno de Javier Milei contra periodistas, calificando la iniciativa como “anticonstitucional” y alertando sobre un avance autoritario contra la libertad de expresión y el periodismo en la Argentina.
La reacción se dio durante una conferencia de prensa convocada por la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, tras las acciones judiciales impulsadas por el Ejecutivo contra profesionales que difundieron audios de Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se revelarían presuntas irregularidades.
Críticas cruzadas desde el Congreso
La presidenta de la comisión, la senadora Carolina Moises (UxP), fue contundente:
“Debemos tutelar la Constitución. Lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, bajo la firma del Presidente y de la ministra de Seguridad, es claramente anticonstitucional”.
Según explicó Moises, las denuncias y medidas solicitadas por el Gobierno –que incluyen prohibiciones de difusión, allanamientos y acusaciones de complot internacional– constituyen una amenaza directa contra derechos protegidos por la Constitución Nacional.
“No solo se atenta contra los periodistas, sino contra el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de informarse libremente”, agregó, al expresar su solidaridad con los trabajadores de prensa señalados.
Discursos de odio y ataques a la prensa
Los legisladores señalaron una escalada en los ataques verbales del oficialismo hacia medios y periodistas, en lo que consideraron una estrategia para deslegitimar voces críticas.
“El Gobierno empezó con descalificaciones, siguió con discurso de odio y ahora avanza con medidas judiciales que son violencia institucional”, denunció Moises.
También participó el senador Pablo Blanco (JxC – Tierra del Fuego), quien remarcó que este tipo de acciones “ya traspasan la barrera de lo legal”.
“Es inadmisible. Ni el Ejecutivo ni el juez que tomó esta decisión parecen haber leído la Constitución. Este tipo de atropellos no pueden tolerarse en democracia”, sostuvo.
El juez civil Alejandro Maraniello, que hizo lugar a una medida cautelar para prohibir la difusión de los audios, fue señalado por Blanco por sus antecedentes en el Consejo de la Magistratura, donde acumula ocho denuncias, cinco de ellas por acoso o abuso sexual.
Lousteau: “Esto pone en riesgo la democracia”
El senador Martín Lousteau (JxC), aunque no forma parte de la comisión, también se sumó a la conferencia y emitió una dura advertencia:
“Si el Gobierno puede allanar domicilios o medios cada vez que se publica algo que no le gusta, estamos ante un escenario muy peligroso para la salud de la democracia”.
Lousteau instó a reflexionar sobre la libertad de prensa y la confidencialidad de las fuentes:
“¿Qué periodista se sentiría seguro de trabajar? ¿Qué fuente se animaría a hablar? Es un paso grave hacia una sociedad menos libre”.
Un conflicto institucional en desarrollo
Las denuncias del Gobierno incluyeron acusaciones de un “complot kirchnerista con apoyo ruso, venezolano y hasta de la AFA”, según trascendió de los escritos presentados ante la Justicia. Tanto en el ámbito político como periodístico, las causas fueron leídas como una maniobra para desviar el foco del escándalo por presuntas coimas en el Estado.
En paralelo, organizaciones de prensa y organismos de derechos humanos se pronunciaron en defensa del ejercicio periodístico y repudiaron el uso del aparato estatal para perseguir periodistas.
Con un clima de alta tensión institucional, y a solo días de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, la denuncia contra periodistas se convirtió en un nuevo foco de conflicto entre el oficialismo y el Congreso.
