El juez Sebastián Casanello acusa a Ariel De Vicentis de haber alertado a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina durante un operativo. Investigan un protocolo no escrito para entorpecer procedimientos judiciales en el exclusivo barrio privado.
El escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue sumando capítulos. Este lunes, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Ariel De Vicentis, jefe de Seguridad del complejo Nordelta, por haber presuntamente entorpecido el allanamiento contra Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada como una de las principales beneficiarias del esquema de sobornos.
Según la resolución judicial, De Vicentis habría alertado a Kovalivker sobre la inminente llegada de la Policía, lo que le permitió escapar y evitar que le secuestraran el celular, una pieza clave para la causa.
🚨 Los hechos
El operativo en cuestión se realizó el pasado 22 de agosto en el barrio La Isla, dentro del complejo Nordelta. En ese momento, efectivos de la Policía de la Ciudad solicitaron en la garita de seguridad el número del domicilio de Kovalivker. Fue entonces cuando, en altavoz, escucharon cómo el personal llamaba a De Vicentis. El contenido del diálogo encendió las alarmas: los policías sospechan que el jefe de Seguridad avisó al empresario antes del procedimiento.
Para Casanello, lo ocurrido fue una maniobra deliberada para frustrar el accionar judicial. El objetivo: evitar la requisa personal y el secuestro del celular del empresario, señalado como pieza clave en la operatoria investigada.
📱 Un «protocolo» para no colaborar
Lo más grave de la investigación hasta ahora es la aparición de mensajes de WhatsApp en los que De Vicentis instruye a su personal para no facilitar el accionar de las fuerzas de seguridad. Uno de los textos obtenidos del celular del imputado dice:
«Reitero, sea la fuerza de seguridad que fuere, nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno.»
Y continúa:
«Si se presenta una fuerza de seguridad y está requiriendo información de vecinos, que lo hagan con sus propios técnicos. Nosotros no tenemos que facilitar nada.»
La evidencia sugiere que existe dentro de Nordelta un protocolo informal pero sistemático para entorpecer procedimientos judiciales, lo que, para el juez, configura una política activa de encubrimiento.
👤 El perfil del acusado
De Vicentis lleva más de 11 años al frente de la seguridad de Nordelta, un exclusivo complejo del partido bonaerense de Tigre. La investigación en su contra fue impulsada por el fiscal Franco Picardi, luego de que efectivos que participaron del operativo manifestaran sus sospechas ante el accionar del personal de seguridad.
El juez lo procesó sin prisión preventiva, pero le impuso un embargo de dos millones de pesos, al considerar que incurrió en desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento.
🔍 Nuevos allanamientos
La causa continúa avanzando. Casanello ordenó nuevos allanamientos en los barrios La Isla y El Golf, donde se secuestraron registros de ingresos, egresos y grabaciones de al menos seis cámaras de seguridad, con el fin de reconstruir los movimientos de la familia Kovalivker en las horas previas y posteriores al operativo.
Además, fueron incautados dos celulares del jefe de seguridad, cuyos contenidos están siendo analizados por el Ministerio Público Fiscal.
🧪 ¿Encubrimiento o política sistemática?
Lo que comenzó como un caso de corrupción en el sistema de compras de la Agencia Nacional de Discapacidad ya alcanza ahora una red de protección y encubrimiento, que involucra tanto a empresarios del sector farmacéutico como a estructuras privadas de seguridad.
El caso deja en evidencia las zonas grises en la relación entre barrios privados y el Estado, especialmente cuando se trata de facilitar —o entorpecer— la acción de la Justicia.
