Guillermo Francos confirmó que no se judicializará la norma ratificada por el Congreso. El Ejecutivo buscará postergar su reglamentación hasta discutir el Presupuesto 2026.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este lunes que el Gobierno promulgará la ley de emergencia en discapacidad ratificada por el Congreso tras el veto presidencial. Sin embargo, aclaró que la reglamentación y aplicación efectiva de la norma quedará en suspenso hasta que se discuta el Presupuesto 2026, cuya presentación formal está prevista para esta noche, en cadena nacional.
“El Poder Ejecutivo va a promulgar la ley, como corresponde”, señaló Francos, aunque advirtió: “Discutamos cómo pagarla. Que me digan a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”
La decisión de no judicializar la norma representa un giro en la postura del Gobierno, que había deslizado la posibilidad de acudir a la Justicia para frenar su implementación. El cambio de estrategia llega en medio de una creciente presión social y política, tras el escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.
Una ley con fuerte respaldo político
La ley de emergencia en discapacidad fue impulsada por la oposición y ratificada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso, que lograron rechazar el veto del presidente Javier Milei con más de dos tercios de los votos.
Entre otros puntos clave, la norma garantiza nuevas pensiones no contributivas para personas con discapacidad, el aumento automático de aranceles para prestadores, asignaciones específicas para talleres protegidos y mayor financiamiento para la ANDIS.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación podría sumar entre 0,22% y 0,42% del PBI en gasto público, dependiendo del alcance de nuevos beneficiarios.
Francos: “No es mi responsabilidad definir de dónde salen los fondos”
Durante una entrevista con el diario Clarín, Francos criticó al Congreso por no establecer una fuente clara de financiamiento:
“La ley financiera dice que el Congreso, cuando sanciona una ley, debe indicar de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que reacomode las partidas; eso no es solución, es una mentira”.
El jefe de Gabinete planteó que el tema deberá ser discutido durante el debate del Presupuesto 2026, cuyo texto llegará al Congreso este martes. Hasta entonces, el Ejecutivo no dictará el decreto reglamentario necesario para la aplicación de la ley.
Además, Francos sugirió revisar las pensiones ya otorgadas antes de ampliar el padrón de beneficiarios:
“Primero resolvamos si las que se dieron fueron bien otorgadas”, insistió.
El trasfondo político
La demora en la aplicación de la ley refleja el delicado equilibrio que intenta sostener el Gobierno entre su política de déficit cero y una agenda social que gana fuerza tras denuncias de corrupción y el malestar creciente por los recortes en el área de discapacidad.
Francos acusó a sectores opositores de impulsar la ley con fines políticos:
“Esto fue una acción deliberada contra la política central del Gobierno, que es el equilibrio fiscal. Estos temas siempre se dirimen electoralmente”, concluyó.
